DDHH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lucha por justicia contra quienes cometieron aberrantes crímenes de Lesa Humanidad en la dictadura se convirtió en una bandera abrazada por la mayoría del pueblo argentino. Los juicios a los genocidas, la pelea contra la impunidad durante la dictadura cívico militar, son un paso positivo hacia la verdad, donde aún falta profundizar en las responsabilidades civiles y clericales.
Sin embargo, la democracia posee varias materias pendientes con el pueblo en los derechos humanos del presente. La segunda desaparición de Jorge Julio López, a la que se le suman los militantes populares asesinados en democracia, que hoy llegan a ser 69 compañeros y compañeras, como Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Agustín Ramírez, Javier Barrionuevo, Teresa Rodríguez. Aunque esta lista no termina ahí. Continúa en los asesinados en la toma del Indoamericano, en Kiki Lezcano, en Walter Bulacio, en la temprana desaparición de Miguel Bru y de Facundo Rivera Alegre, en las muertes de Oscar Barrios, Anibal Verón, los recientes casos donde resultó muerto en el Chaco el piqutero Angel Verón y las balas de la Metopolitana impactando sobre Lucas Cabello en el barrio de La Boca en la CABA; quienes configuran un interminable catálogo que comprueban la falta de garantías en el cumplimiento de los derechos plenos. Se suman jóvenes de los barrios que a diario son víctimas de las policías, como fue el caso de Luciano Arruga, desaparecido y asesinado por no querer robar para la policía bonaerense.
En ese sentido, Correpi denunció 4500 casos de asesinatos de jóvenes a manos del aparato policial del Estado y también más de 4000 procesados por razones políticas. La represión directa o indirecta, la criminalización de la protesta, el gatillo fácil y el cercenamiento de libertades son parte de una realidad que muestra las materias pendientes del Estado con el pueblo en su conjunto.
Desde nuestra organización, la lucha por los derechos humanos de ayer y de hoy es una tarea central. A lo largo de los años hemos aprendido con dolor que muchas veces la respuesta a los reclamos de los sectores populares, a derechos básicos como el trabajo, la educación, la tierra o la vivienda no es con el diálogo y con políticas públicas sino con la represión.
En nuestro caso, lo vivimos en carne propia el 26 de junio de 2002 cuando el gobierno nacional de entonces, encabezado por Eduardo Duhalde, planificó una salvaje represión en Avellaneda, donde asesinaron a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Después, la movilización popular permanente, y un acampe de cuarenta días en las puertas de los Tribunales de Lomas de Zamora, fueron determinantes para lograr la condena a cadena perpetua a los responsables materiales de los crímenes. El ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, los dos de la bonaerense, cuentan con una distinción: fueron los dos primeros asesinos de personas en una movilización popular condenados. Este hecho originó un buen precedente para la lucha en contra de la impunidad en el país.
Al igual que en el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la Masacre de Avellaneda siguen impunes los responsables políticos: quienes tomaron las decisiones políticas de avanzar en la planificación, coordinación y articulación de cuatro fuerzas represivas nacionales y provinciales.
Por eso hoy conformamos la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. Un espacio compuesto por organismos de derechos humanos, personalidades de la cultura, intelectuales, organizaciones sociales y políticas y los familiares y compañeros/as de Darío. La reactivación de la causa federal por las responsabilidades políticas en la Masacre de Avellaneda nos permite avanzar en la denuncia y en la posibilidad de que se sienten en el banquillo Duhalde y sus funcionarios, como Felipe Solá y Aníbal Fernández, entre otros.
En materia de derechos humanos creemos que es imprescindible crear una fuerza popular e independiente, que tenga una mirada y un carácter integral de las reivindicaciones, que busque desmantelar los aparatos represivos, de inteligencia y se proponga la derogación de las leyes y programas que permiten impunidad como la Ley antiterrorista, o el Proyecto X.
Creemos que, ante el avance de la criminalización y de la respuesta violenta por parte de las fuerzas de seguridad frente a los reclamos populares, es fundamental tener el reflejo desde los sectores populares para responder ante la vulneración de los derechos humanos y ante cualquier tipo de violencia institucional.