El plan “Argentina Trabaja” mediante el cual el gobierno nacional anunció la creación de 100 mil puestos de trabajo en supuestas cooperativas para el conurbano bonaerense, requiere de un análisis preciso para valorar en su justa medida el anuncio, pero sobre todo para comprender las posibilidades de desarrollo que esto abre para las organizaciones populares.

1- UN IMPORTANTE PLAN SOCIAL. Se trata del plan social más ambicioso, por el ingreso por beneficiario (cerca de 1.300 pesos) y por la cantidad de cupos anunciados (100.000 en una primera etapa en el Gran Bs. As). El monto de recursos elevan objetivamente el piso de lo que un compañero/a desocupado/a puede aspirar a cobrar por un trabajo informal (varios y varias compas en los barrios ya dejaron laburos precarios para inscribirse en el plan). Los principales puntos débiles son: la insistencia oficial en políticas sociales focalizadas (aunque en este caso sea difícil pensar que un plan que implique este monto relativamente importante por trabajador pueda ser “universalizable”), y la limitación de su aplicación en esta etapa sólo al Gran Buenos Aires.

2- TRABAJO PRECARIO. Aún así, no deja de tratarse de un plan social, y no un “trabajo”. O si se pretende que sea un trabajo, el gobierno debe reconocer que está fomentando el trabajo precario con contratos por 6 meses, y usando la figura cooperativa para encubrir esto.

3- COOPERATIVAS SIN PUNTEROS. La disputa por el manejo de las cooperativas es central, ya que el gobierno se propone hacerlo a través de los intendentes. En este esquema, las tareas pasarían por labores improductivas como el barrido de veredas, y el puntero se podría quedar con una parte del ingreso o extorsionar con que se participe en los actos oficiales porque “sino te dan la baja”, como viene sucediendo con programas similares. Nuestro desafío implica ser capaces de organizar el trabajo con una dinámica realmente cooperativa y asamblearia, con un desarrollo del trabajo en un sentido verdaderamente comunitario. De ahí que la consigna “cooperativas sin punteros” se haya convertido en el eje central de nuestra lucha.

4- AUTONOMÍA Y SINDICALIZACIÓN. Del punto anterior, que expresa la contradicción entre la lógica punteril y las nuevas formas de organización, se deriva otra contradicción inmanente a nuestras organizaciones: ¿apuntamos a conformar cooperativas autónomas del Estado o pretendemos que el Estado reconozca a los integrantes como trabajadores en relación de dependencia y exigimos el pase a planta? Seguramente este debate nos atraviese durante los próximos meses, donde iremos viendo cómo desarrollar el equilibrio entre el trabajo autónomo y orientado por las propias decisiones que adopten las cooperativas y la dependencia inevitable que impone el hecho de que es el Estado quien paga los ingresos de las compañeras y compañeros, situación que es improbable resolver en el corto plazo. Esto nos hará multiplicar esfuerzos entre un trabajo de organización interna y de “sindicalización” para reclamar al Estado el cumplimiento de los pagos en término, la continuidad, etc.

5- CONSTRUIR PODER POPULAR. ¿Qué perspectivas a mediano plazo tiene este plan? Si bien el contrato que firma cada desocupado en principio es por 6 meses, se descuenta que el plan se prolongará hasta el 2011. Objetivamente, no se puede ofrecer un ingreso valioso a 100 mil desocupados y decirles, seis meses o un año después, que volverán a la situación de desocupación “porque se les acabó el contrato”. O sí se puede  pero lo que es seguro es que el costo de una decisión así será inevitablemente una rebelión social de magnitudes imprevisibles. ¿Qué motivó entonces al gobierno a impulsar un plan así? Primero, la necesidad de dar una respuesta previendo la creciente conflictividad social que los desocupados ya venimos protagonizando, por el agravamiento de la crisis y por la vitalidad que van recuperando nuestras organizaciones para la lucha. Segundo, la necesidad de “abrochar” a los intendentes del conurbano, y con ellos al aparato del PJ, para que no se le “vuelen” al peronismo disidente antes de 2011, y para ello ponen en sus manos un volumen de recursos para estas políticas sociales como no hubo en años. Tercero, en un mediano plazo, lo que hace el gobierno con esto es generar un importante colchón de contención social, al costo de patear el problema hacia delante, cuando el probable recambio de gobierno por derecha en 2011 se encuentre con el “regalo” de un volumen de recursos destinados a subvencionar la desocupación, sostenido en una medida considerable por organizaciones que lucharán por su continuidad.

En este sentido no es descabellado pensar que la intención del gobierno es “que el que venga se arregle”. En todo caso, la pregunta que más nos debe preocupar es: ¿qué pensamos hacer nosotros ante este panorama? Pensar en ese mediano plazo posible es una buena idea, y con ese horizonte asumir este plan como una posibilidad muy valiosa para acumular fuerzas en el territorio, crecer en el trabajo de base, formar nuevos militantes y referentes barriales, extender la organización. En síntesis, profundizar la construcción de Poder Popular, que alimente a la vez la construcción de una alternativa política de transformación, camino en la que como FPDS ya estamos avanzando. Desde el punto de vista de la construcción territorial, debemos a su vez mantener la mirada en que si las opciones políticas por derecha que se preparan para gobernar después de 2011 (o antes, nunca se sabe) piensan en avanzar sobre las conquistas populares, deberán saber que estaremos mucho más fuertes, que nos aferraremos a lo que tanto nos viene costando construir en cada barrio, y que les daremos batalla porque si piensan gobernar contra el pueblo, que lo vayan sabiendo: no van a poder gobernar…